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Vencido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, el entusiasmado va a poder entenderla estimada por silencio administrativo. El crédito extraordinario previo va a tener carácter ampliable e incorporable y su importe se ampliará por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública hasta el importe que alcancen las obligaciones derivadas del programa de apoyo público al consumo de combustibles. Estas medidas de acompañamiento son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que logre estarse concediendo a los clientes del transporte con la finalidad de reducir el valor final de abono de los billetes multiviaje expedidos por los prestadores del servicio. Caso de que sea necesario subir la cuantía aprobada en una cualquiera de las 2 aplicaciones presupuestarias para aumentar la financiación requerida a la visión de las peticiones presentadas, y al tiempo existiera un saldo sobrante en la otra aplicación, se van a poder reajustar las cuantías de las aplicaciones presupuestarias entre sí a través de la correspondiente transferencia de crédito.

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Por otro lado, como se viene señalando, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desencadenado impactos significativos en los mercados energéticos, generando una respuesta por parte del conjunto de la Unión Europea y otros mercados con el objeto de achicar la dependencia energética exterior y remarcar la autonomía estratégica. También, tanto el conflicto armado como sus impactos en los costos de materias primas y vectores energéticos, tal como sus secuelas sobre las políticas energéticas de diferentes países, han supuesto disrupciones en las cadenas de suministro de distintas cadenas de valor, dentro aquellas asociadas a las energías renovables. Por su parte, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático establece una serie de obligaciones de instalación de puntos de recarga a los titulares de las instalaciones um bom ponto de tal suministro de carburante que cumpliesen una secuencia de condicionantes, a efectos de garantizar la existencia de infraestructura de recarga eléctrica suficiente, debiendo estar operativos a más demorar entre febrero y agosto de 2023. La disposición transitoria décima establece el régimen transitorio de las medidas de carácter procesal. La disposición transitoria cuarta se refiere a los contratos de gestión e impartición de los tutoriales de sensibilización y reeducación vial actuales. Finalmente, para poder mantener en el ordenamiento jurídico los sistemas de supervisión y de seguimiento de vacunación mencionados previamente, resulta indispensable que la previsión del producto 27 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, prosiga en vigor.

En todo caso, la efectividad de estas garantías quedará supeditada a que la modificación estructural surta efecto. 3.º Pedir del Registrador Mercantil que nombre un experto independiente en el plazo de cinco días, en el período de 3 meses desde la publicación del proyecto, si no se emitió informe de experto sin dependencia sobre las garantías los acreedores. El experto se pronunciará en el período de 20 días en un único informe sobre la adecuación de las garantías de todos y cada uno de los acreedores que lo hayan pedido. La protección de los asociados en el género de canje de acciones, participaciones o cuotas, se realizará de conformidad con las reglas previstas para la fusión.

El lapso del período máximo de veinticuatro meses predeterminado en el producto 36.1 para solucionar el procedimiento sancionador en materia de pactos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del trámite. El plazo máximo a fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dicte y notifique la resolución sobre el recurso sosprechado en el producto 47 contra las resoluciones y actos de la Dirección de Rivalidad va a ser de tres meses. La información recabada en las indagaciones que tiene relación este capítulo va a poder ser usada para la app de lo previsto en la presente ley. Las certificaciones y, en su caso, el Informe de Métodos Pactados, se expedirán a los efectos exclusivos que en las mismas se hagan constar, no originarán derechos ni esperanzas de derechos a favor de los solicitantes ni de otros, no generarán el efecto de interrumpir o suspender los plazos de prescripción, ni servirán de medio de notificación de los procedimientos a que pudieran llevar a cabo referencia.

De esta manera, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en el interés general en el que se basan las medidas, siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para asegurar su consecución. Se respeta también el principio de proporcionalidad, dado que tiene dentro la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente nombrados. Por su parte, en el orden civil, el porcentaje de recursos que se aceptan está entre el 18 % y el 19 % del total, lo que supone que la mayoría de las energías del tribunal se ocupan de un 81 u 82 % de elementos que, por ser inaceptables, previenen realizar la función constitucional del Tribunal Supremo. De esta manera, la duración de la fase de admisión supera ya los un par de años. El trámite de extinción de las fundaciones, pensado en el artículo 38 del Reglamento de Fundaciones de rivalidad estatal, se regula de manera somera en su apartado 2, limitándose a predecir los pasos a seguir en el supuesto de que el protectorado aprecie la concurrencia de una causa de extinción.