De conformidad con la segunda, los contribuyentes podrán deducir el 15 por ciento de las proporciones satisfechas, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2024, para la instalación a lo largo de dicho periodo en un inmueble de su propiedad de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. Está claro que un desarrollo exponencial del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte (y, por consiguiente, de automóviles) en un determinado ámbito impacta potencialmente en el medioambiente, la congestión, la seguridad y la gestión del espacio público, por lo que las Gestiones con capacidad para detectar y modular esos impactos deben ostentar las herramientas adecuadas para lograrlo. Por otro lado, se establecen nuevos requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de automóviles de turismo con conductor con objeto de asegurar la protección de la optimización de la calidad del aire y reducción de emisiones de CO2, y permitiendo que las comunidades autónomas establezcan otros con la intención de realizar frente a la buena administración del transporte, del tráfico y del espacio público en su campo territorial. Para finalizar, las ediciones estructurales transfronterizas con sociedades constituidas fuera del Espacio Económico Europeo se abordan en el título IV de este libro I bajo la denominación de «Ediciones estructurales transfronterizas extraeuropeas».

La sociedad resultante podrá compensar a los socios con acciones o participaciones propias en vez del pago en efectivo. En los dos casos podrán modificarse las valoraciones contenidas en el último cómputo en atención a las ediciones importantes del valor Combate Ppci razonable que no aparezcan en los asientos contables. 6.º La fecha desde la como la fusión tendrá efectos contables. Esa oposición no generará efecto alguno si es realizada por un socio que hubiere votado en pos de la transformación.

También será preciso el permiso individual de los titulares de derechos especiales distintos de las acciones o participaciones cuando no gocen, en la sociedad final de la fusión, Combate Ppci de derechos equivalentes a los que les correspondían en la sociedad extinguida, salvo que la modificación de semejantes derechos podría haber sido aprobada, en su caso, por la reunión de esos sucesos. Las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que se fusionan, que estuviesen en poder de alguno de ellas o en poder de otras personas que actuasen en su propio nombre, pero por cuenta de esas sociedades, no podrán canjearse por acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante de la fusión y, en su caso, van a deber ser amortizadas o extinguidas. La fusión en una nueva sociedad implicará la extinción de cada una de las sociedades que se fusionan y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la novedosa entidad, que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquellas. Aparte de las menciones exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte, la escritura pública de transformación habrá de contener la relación de asociados que hubieran quedado de manera automática separados y el capital que representen, tal como la cuota, las acciones o participaciones que se atribuyan a cada socio en la sociedad transformada. La escritura pública de transformación habrá de ser brindada por la sociedad y por todos y cada uno de los socios que pasen a responder personalmente de las deudas sociales. Los asociados y los titulares de acciones o participaciones sin voto tendrán derecho a enajenar sus acciones o participaciones a la sociedad o a los socios o terceros que esta proponga a cambio de una compensación en efectivo adecuada, en los términos previstos para la protección de socios en las disposiciones comunes.

El acuerdo de transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se convierte. En razón de la transformación una sociedad adopta un tipo popular distinto, preservando su personalidad jurídica. Los obligacionistas podrán ejercer sus derechos en exactamente los mismos términos que los sobrantes acreedores, salvo que la modificación estructural hubiere sido aprobada por la asamblea de obligacionistas. Los estatutos sociales podrán subir los quorum y mayorías previstas en los dos apartados anteriores siempre y cuando no superen el 90 por cien de los derechos de voto que corresponden al capital popular presente o representado en la junta general.

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